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miércoles, abril 21, 2021
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Merecemos la verdad sobre los falsos positivos


Este es un prejuicio antiguo que necesitamos superar. Los militares colombianos han sido mimados por demasiado tiempo, como una casta privilegiada reacia al escrutinio.

Nuestra sociedad, en su accidentado tránsito hacia la paz, necesita acceder a la verdad sobre la participación de agentes del Estado en una guerra sucia que incluyó delitos atroces. Si exigimos honestidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desmovilizadas tras la firma de los acuerdos; con mayor razón debemos pedirla a los militares, quienes conservan el monopolio legítimo de unas armas que los ciudadanos les hemos confiado y por cuyo uso deben responder.

Una creencia convencional en Colombia repite que el gobierno de Uribe nos trajo seguridad; que muchos pudieron volver a sus fincas gracias al repliegue de las Farc. Y es cierto. Durante sus dos periodos presidenciales los homicidios disminuyeron un 46 por ciento. Pero también es verdad que Uribe produjo el mayor número de víctimas de nuestra historia en conflicto. Esta forma de pensar confiere a ciertos muertos un valor instrumental y supone que el fin justifica los medios: algunos debían morir para que otros vivan sin el riesgo de un secuestro. Los llamados “falsos positivos” no fueron un simple daño colateral, sino una campaña de muerte que ayudó a apuntalar la llamada política de seguridad democrática.

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La justicia transicional que el uribismo quiere suprimir no es perfecta, pero sí busca las garantías de verdad, reparación y no repetición que la sociedad colombiana merece. El tipo de desagravio que no obtuvimos con la Ley de Justicia y Paz, promovida durante el gobierno de Uribe para desarmar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Decenas de comandantes entonces fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron penas por narcotráfico, pero no por los miles de inocentes que masacraron. Este país aún espera sus testimonios.

Las demandas de transparencia del gobierno y el ejército superan el ámbito local. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó el trabajo de la JEP y consideró esencial satisfacer los derechos de las víctimas a conocer la verdad. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, acusó a Uribe de distorsionar los hechos y le exigió no ocultar la verdad sobre los falsos positivos.

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La JEP, mientras tanto, ha dicho que seguirá sus investigaciones “de abajo hacia arriba”. Es decir, desde los soldados que dispararon, hasta los altos oficiales que pueden haber dado las órdenes. Casi 2000 militares han sido juzgados por la matanza, pero muy pocos tenían entonces posiciones de mando, y aún faltan muchos por comparecer ante los jueces. Uno de ellos, Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, reaccionó tras el pronunciamiento tildando a la JEP de “víboras” que pretenden debilitar a las fuerzas armadas.

Este tipo de simplificaciones nos han privado del conocimiento y la reflexión necesarios para entender y superar las causas complejas de nuestra guerra.



Fuente:nytimes.com/

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