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¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?


El presidente Donald Trump amenazó en junio de 2020 con emplear a las fuerzas federales para sofocar las protestas y la violencia que arrasaban el país, una medida que, según los expertos jurídicos, requeriría el uso de una ley de 1807 llamada Ley de Insurrección.

“Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema”, dijo Trump en el Jardín de Rosas.

Aunque no la mencionó por su nombre, Trump estaría invocando la Ley de Insurrección, un grupo de estatutos aprobados por el Congreso a principios del siglo XIX que otorga al presidente la facultad, bajo ciertas condiciones, de activar las tropas federales para la aplicación de la ley en el ámbito nacional.

Una primera versión de la Ley de Insurrección fue aprobada por el Congreso en 1792 para “prever la convocatoria de la milicia para ejecutar las leyes de la unión, suprimir las insurrecciones y repeler las invasiones”. Ha sido enmendada varias veces en los siglos posteriores.

En general, la ley otorga al presidente la facultad de enviar fuerzas militares a los estados para sofocar los disturbios públicos generalizados y apoyar la aplicación de la ley civil. Pero antes de invocarla, el presidente debe primero llamar a los “insurgentes” a dispersarse, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en 2006. Si no se restablece la calma, el presidente puede entonces emitir una orden ejecutiva para desplegar las tropas.

La idea de la ley era que podía haber circunstancias en las que las autoridades locales y estatales no pudieran o no quisieran mantener el orden, dijo Stephen I. Vladeck, profesor de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. En esos casos, los militares serían el respaldo.

El uso de los militares para el cumplimiento de la ley civil ha sido restringido como parte de las protecciones de la Constitución para las libertades civiles y la soberanía del estado. Los gobiernos estatales mantienen la autoridad para conservar el orden dentro de sus fronteras, facultad que les fue otorgada en virtud de la Ley Posse Comitatus de 1878.

En general, esa ley prohíbe el uso del ejército como fuerza policial nacional.

Pero la Ley de Insurrección autoriza al presidente a usar el ejército para suprimir una insurrección si un gobierno estatal lo solicita. Y hay cierto margen de discreción del presidente, como por ejemplo si el comandante en jefe considera que los disturbios obstruyen las leyes de Estados Unidos.

La última vez que se utilizó la ley fue en 1992, cuando estallaron los disturbios en Los Ángeles después de que cuatro policías blancos fueran absueltos por la paliza a Rodney King, un automovilista negro. Las fuerzas armadas también se han utilizado para sofocar disturbios civiles después de desastres naturales, como en los saqueos generalizados en Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, después del huracán Hugo en 1989, según el informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Estos estatutos se han utilizado regularmente a lo largo de la historia de Estados Unidos.

Vladeck dijo en un correo electrónico que los estatutos se emplearon en conflictos con los indígenas a lo largo de la frontera del siglo XIX; durante las luchas industriales de finales del siglo XIX y principios del XX; y para hacer cumplir las órdenes de los tribunales federales que requerían la desegregación durante el movimiento de derechos civiles.

Kent Greenfield, profesor de derecho constitucional en el Boston College, dijo a The Associated Press que, en el caso de Trump —y a diferencia de los enfrentamientos por la desegregación de las escuelas— no se alegó que los estados se negasen a aplicar la ley federal.

“No está diciendo que las leyes no se estén aplicando”, dijo Greenfield sobre el presidente. “Está diciendo que no se están aplicando de la manera que él quiere que se apliquen”.

Vladeck dijo que la política también influía en la decisión de los presidentes de aplicar la legislación. “La Ley de Insurrección no ha sido invocada desde 1992, en gran parte porque el uso doméstico de los militares es generalmente impopular”, escribió en Twitter.

Originalmente, los estatutos establecen limitaciones más claras, como una disposición de extinción para el uso de las fuerzas militares, y se requiere una revisión judicial, dijo Vladeck.

Pero después de que esas disposiciones fueron revocadas, quedó “poco claro cómo se podría frenar un abuso” de la ley, dijo.

“Hemos tenido la suerte, históricamente, de que consideraciones políticas hayan evitado que los presidentes abusen de estas autoridades”, dijo. “Pero no hay garantía de que al presidente Trumo lo frenen consideraciones comparables”.

Aunque el presidente no necesita la solicitud de un estado para utilizar a las fuerzas armadas federales para el cumplimiento de la ley nacional en virtud de la Ley de Insurrección, algunos expertos no creen que las circunstancias de las protestas contra los abusos policiales y el movimiento Black Lives Matter justifiquen ese despliegue sin el acuerdo del gobernador o la legislatura del estado.

Eugene R. Fidell, investigador principal de la Escuela de Derecho de Yale, dijo que tal medida sería “litigada, y litigada rápidamente”.

“En la medida en que haya margen de maniobra y se pueda hacer un juicio, la pregunta es cuánto margen de apreciación le daría un tribunal federal”, dijo Fidell.

Dijo que tendría que haber una “decapitación catastrófica” de las fuerzas del orden y del gobierno civil en el estado para justificar ese despliegue. “Se trata de una situación sin precedentes de caos total y un colapso completo”, dijo. “En ese punto, se acabaron los miramientos”.

“Pero no está sucediendo nada de eso”, añadió

Varios gobernadores dijeron el verano pasado que no quieren que el presidente envíe tropas federales a sus estados. El gobernador Tim Walz, demócrata de Minnesota, cuyo estado estuvo en el centro de las protestas, ha rechazado la oferta de Trump de una respuesta militar en su estado.

El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew M. Cuomo, dijo en una entrevista con la presentadora de la CNN Erin Burnett que diría: “Gracias, pero no gracias”.

El gobernador J.B. Pritzker de Illinois, demócrata, también dijo a CNN que no pediría ayuda militar. “Rechazo la idea de que el gobierno federal pueda enviar tropas al estado de Illinois”, dijo.

“El hecho es que debe mantenerse al margen de nuestros asuntos”, dijo el gobernador. “Estamos trabajando duro en el estado de Illinois para reducir las tensiones”.

Christine Hauser es una reportera que cubre asuntos nacionales e internacionales. Antes trabajó un tiempo en Negocios, donde cubrió mercados financieros, y otro en Metro, donde cubrió la policía. @ChristineNYT.




Fuente:nytimes.com/

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